• viernes, 17 noviembre, 2017

A vueltas con el 135

Andrés Valentín
junio12/ 2016

No hay que insistir en los devastadores efectos sociales de la reforma del artículo 135 de la Constitución que consagra la absoluta prioridad de las obligaciones de la deuda (intereses y capital) sobre cualquier otro tipo de gasto público. Sin embargo, uno de los aspectos que está siendo menos considerado es su impacto en las administraciones locales. El equilibrio presupuestario de las entidades locales pasa a ser precepto constitucional.

En su desarrollo, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece un conjunto de normas orientadas a reducir el gasto público y el endeudamiento. Los objetivos de esa Ley Orgánica están expresamente definidos: “La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable (…) para ofrecer seguridad a los inversores”.

El equilibrio presupuestario la sostenibilidad financiera y la regla de gasto significan lisa y llanamente el fin de los servicios públicos locales en muchos Ayuntamientos. No se trata sólo de reducir o suprimir servicios; se trata antes que nada de sustituir la democracia por la maximización del beneficio privado. Donde la prestación de esos servicios no sea rentable, nuestros pueblos quedarán condenados al abandono.

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, presentada como un instrumento de racionalización y mejora de la eficiencia en el gasto público, puede convertir las administraciones locales en agencias de subcontratación de los servicios públicos a las empresas privadas. Es el soporte legal de las privatizaciones y de la corrupción; los servicios municipales dejan de ser derechos de la ciudadanía para convertirse en negocio de determinadas empresas. No se trata de una interpretación rebuscada de la norma: en su Preámbulo dice que uno de sus objetivos básicos es “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Las administraciones locales quedan secuestradas por todo este desarrollo normativo, que, por otra parte, representa un paso más en la cercenación de la histórica soberanía de Navarra en materia de administración local.

Sin embargo, y esto es lo más grave, estas cuestiones apenas han tenido transcendencia en la ronda de asambleas zonales que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha convocado para encarar el proyecto de reordenación de las administraciones locales de Navarra.

Olvidar estos planteamientos no sólo es una dejación política, sino que abre la puerta al riesgo de terminar incorporando esas disposiciones a tu propia normativa, tal como ocurre en el artículo 110 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, respaldada por el PNV y EH Bildu.

Artículo 110. Principios de actuación de las hacienda locales vascas.

1. La actuación de las haciendas locales vascas se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes principios:

b) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que conllevará el cumplimiento de los requerimientos que se establezcan en materia de déficit público, deuda pública y regla de gasto, de acuerdo con la legislación general en relación con esta materia…

A propuesta de Aranzadi, el Ayuntamiento de Pamplona aprobó una moción requiriendo la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Posteriormente, mociones similares fueron aprobadas en varios Ayuntamientos, en la asamblea de la FNMC y en el Parlamento de Navarra.

Es imprescindible extender y profundizar este debate si no queremos que, discutiendo si son galgos o podencos, la fiera nos atrape y nos devore.

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Andrés Valentín
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