• sábado, 21 abril, 2018

Por una banca al servicio público

Manu Millera
julio13/ 2016

Las cajas de ahorro fueron liquidadas en el contexto de la primera oleada de recortes al Estado del Bienestar que se gestó tras el estallido de la crisis financiera en 2008. Las leyes 11/2010 y 26/2013 supusieron la bendición y el oremus final de su entierro. Y nos está de más recordar que fueron PP y PSOE, en aquella ocasión a iniciativa de Zapatero, los que dieron el sablazo a las arcas ciudadanas.

El origen de la deuda del Estado que justifico la liquidación de estas entidades de crédito, hay que buscarlo en aquella estafa según la cual el Banco Central Europeo prestaba dinero a la banca a unos tipos en torno al 1% y ésta al Gobierno correspondiente al 4 % o más. Así pone un negocio cualquiera.

Mientras el Parlamento Europeo no cambie las normas, la deuda, que ya supera el 100 % del PIB, seguirá aumentando. Por eso es necesaria una Auditoría Ciudadana de la Deuda: miles de millones fueron transferidos de las cajas de ahorro a la banca privada. Un robo legal.

Mientras, se han destruido entre 40 y 50 mil empleos en el sector, las condiciones laborales se han deteriorado a pasos agigantados y, al mismo tiempo, el sector bancario es propietario de una cantidad creciente de viviendas con las que especula.

En Navarra, hemos soportado el atraco a Caja Navarra, en cuyos fondos desaparecieron mil millones pero quedan en torno a 200-300 millones que podrían integrar las bases de esta una Banca Pública Navarra. Ahora bien, resulta sospechoso que la convocatoria para evaluar un proyecto de esta naturaleza se realice en pleno Agosto, con la gente en Salou y en Zuriza: un concurso público con poco dinero (50.000€) y con poco tiempo (doce semanas para hacer el estudio) y al que sólo se pueden presentar entes que anteriormente hayan asesorado a otros gobiernos y que cumplan ciertos requisitos, inalcanzables para Attac, Los Martes al Sol, Renta Básica Denontzat, Coop 57 o Fiare. Ni siquiera se le abren las puertas a la Universidad Pública de Navarra. Es decir, se vuelve a dejar la solución a nuestro problemas en las mismas manos privadas que nos han llevado a este desastre.

En definitiva, el Gobierno Foral sólo tendrá en cuenta la opinión de la patronal, sin contar con otras entidades de la banca ética, la economía solidaria o con agentes de la clase trabajadora, como bien señaló el sindicato ELA.

Llegado a este punto, se hace necesario volver a exigir el cumplimiento de la Constitución actual. Su artículo 128 dice: “a) Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. b) Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” Nos gustaría que fuese el propio Gobierno del Cambio quien demostrase que lo es, proponiendo una Banca Pública al servicio de la ciudadanía, que buscase resolver mediante créditos blandos los principales problemas sociales.

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Manu Millera
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